LA HAYA, 10 de abril de 2025 (WAM) — Durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), los Emiratos Árabes Unidos rechazaron firmemente las acusaciones infundadas presentadas por las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF, por sus siglas en inglés). Estas no presentaron pruebas creíbles, dejando al descubierto la debilidad y falta de legitimidad de su caso, sin ninguna base legal y sin cumplir con los estándares probatorios mínimos. La delegación emiratí desmanteló las acusaciones, demostrando que carecen de sustento fáctico.
Durante la audiencia, la delegación de los Emiratos afirmó: “No deberíamos estar aquí hoy. Es evidente que no existe base para que esta Corte ejerza jurisdicción en este caso. La reserva de Emiratos al Artículo IX de la Convención sobre el Genocidio es un ejercicio legítimo de soberanía estatal. Nuestro país participa hoy por respeto a la Corte y a los principios del derecho internacional y de la justicia, aunque mantiene firmemente su postura en cuanto a la jurisdicción”.
Asimismo, los Emiratos reafirmaron: “Desde el inicio del conflicto, Emiratos ha trabajado incansablemente para aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés. Ha colaborado con socios como Naciones Unidas para entregar más de 600 millones de dólares en ayuda humanitaria. Ha establecido hospitales de campaña en Chad y Sudán del Sur para asistir a las personas que huyen de los combates, con personal médico que atiende a todos los necesitados sin distinción de etnia, religión, género o afiliación política”.
La delegación subrayó además: “La postura de Emiratos respecto a Sudán ha sido clara y coherente. No existe una solución militar para este conflicto. Emiratos ha abogado por un alto el fuego, por pausas humanitarias que permitan la entrega de ayuda, y por la rendición de cuentas ante las violaciones del derecho internacional cometidas por ambas partes enfrentadas: las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas sudanesas. También ha apoyado e intervenido en esfuerzos de mediación regional e internacional, como los de Yeda, Manama y las conversaciones lideradas por Estados Unidos en Suiza”.
“En marcado contraste, la parte demandante [las SAF] ha perseguido obstinadamente una victoria militar a costa de una solución pacífica. Rechazaron volver a la mesa de negociación en Yeda, se retiraron de las conversaciones en Manama y se negaron a asistir a la mediación en Suiza. Corren a comparecer ante esta Corte en La Haya, pero han dejado su silla vacía durante dos años en las negociaciones de paz”, añadió la delegación.
Al concluir la audiencia, Reem Ketait, viceministra adjunta de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos y coagente ante la Corte, declaró: “Hoy respondimos a una demanda engañosa de las SAF, completamente carente de pruebas y sin base legal, que distorsiona por completo la Convención sobre el Genocidio y los criterios de responsabilidad estatal. No se trata de una acción jurídica legítima, sino de un intento cínico de propaganda para desviar la atención del historial de atrocidades cometidas por las propias SAF. Reiteramos: este es un conflicto entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido. No apoyamos a ninguna de las partes. Apoyamos la paz, la ayuda humanitaria y el retorno a un gobierno civil”.
Por su parte, Ameirah Obaid AlHefeiti, embajadora de Emiratos Árabes Unidos en el Reino de los Países Bajos y agente ante la Corte, añadió: “La demanda de las SAF ante la CIJ busca desviar la atención de su responsabilidad jurídica y moral por los crímenes cometidos y por la catastrófica crisis humanitaria en Sudán. Las atrocidades que se les atribuyen de manera creíble en los últimos dos años incluyen ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos de civiles, ataques indiscriminados a zonas pobladas —incluso con armas químicas— y la obstrucción de la ayuda humanitaria. Está claro que las SAF intentan instrumentalizar la Corte para su propio interés político, en lugar de comprometerse con los esfuerzos internacionales de paz en Sudán. El pueblo sudanés merece paz y dignidad, y un gobierno civil que anteponga sus intereses y prioridades”.