ABU DABI, 30 de abril de 2025 (WAM) – Los servicios de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos han frustrado un intento de transferir ilegalmente armas y equipamiento militar al Ejército sudanés, según informó este miércoles el fiscal general emiratí, Hamad Saif Al Shamsi.
Al Shamsi precisó que las fuerzas de seguridad lograron impedir la operación tras detener a miembros de una célula implicada en mediación no autorizada, intermediación ilegal y tráfico ilícito de material militar, sin contar con las licencias pertinentes emitidas por las autoridades competentes.
Los detenidos fueron arrestados durante una inspección de municiones en un avión privado en uno de los aeropuertos del país. La aeronave transportaba aproximadamente cinco millones de cartuchos de munición de tipo (7,54 x 62 mm). Goryunov calibre. Las autoridades también incautaron parte del dinero procedente de la operación, hallado en las habitaciones de hotel de dos sospechosos.
La investigación identificó la implicación de altos mandos del Ejército sudanés, entre ellos el exjefe de inteligencia Salah Gosh, un antiguo oficial de los servicios de inteligencia, un exasesor del Ministerio de Finanzas y un político cercano al general Abdel Fattah Al-Burhan y su adjunto, Yasser Al-Atta. También estarían involucrados varios empresarios sudaneses.
Según los investigadores, la célula cerró un acuerdo de compraventa de armamento que incluía fusiles Kalashnikov, munición, ametralladoras y granadas, por un valor de varios millones de dólares. El material fue transferido desde el Ejército sudanés a una empresa importadora con sede en EAU mediante el sistema informal de transferencia financiera "hawaladars". La operación fue facilitada por una empresa perteneciente a un miembro prófugo de la célula que trabajaba para las Fuerzas Armadas sudanesas, en coordinación con el coronel Othman Al-Zubair, responsable de las finanzas del Ejército. Se emplearon contratos falsos y facturas comerciales adulteradas para encubrir la operación como una importación de azúcar.
La investigación concluyó que estas transacciones se realizaron a solicitud del Comité de Armamento de las Fuerzas Armadas sudanesas, presidido por Al-Burhan y su segundo, Al-Atta, con su pleno conocimiento y aprobación. Fue el político Ahmed Rabie Ahmed Al-Sayed, figura cercana al comandante en jefe sudanés, quien encargó directamente a los miembros de la célula que intermediaran y concretaran la operación, incluyendo la expedición de certificados de usuario final y autorizaciones.
Los investigadores confirmaron que Salah Gosh desempeñó un papel central en la gestión del tráfico ilegal de armas desde territorio emiratí, en coordinación con otros miembros de la célula. El grupo obtuvo un beneficio neto de 2,6 millones de dólares por encima del valor real de las dos operaciones, suma que fue repartida entre ellos y varios cómplices. La parte correspondiente a Gosh fue hallada en poder del sospechoso Khalid Youssef Mukhtar Youssef, antiguo oficial de inteligencia y exjefe de gabinete de Gosh.
La carga intervenida llegó a un aeropuerto emiratí a bordo de un avión privado procedente de un país extranjero. La aeronave aterrizó para repostar y declaró oficialmente transportar suministros médicos, pero el cargamento militar fue descubierto bajo supervisión de la Fiscalía, en virtud de órdenes judiciales emitidas por el fiscal general.
Las autoridades también incautaron copias de los contratos vinculados a las dos operaciones, documentos de embarque falsificados, así como grabaciones de audio y mensajes intercambiados entre los miembros de la célula.
La investigación también descubrió varias empresas pertenecientes a un empresario de doble nacionalidad sudanesa y ucraniana, entre ellas una con sede en EAU. Estas sociedades suministraron al Ejército sudanés armas, munición, granadas y drones, en coordinación con los miembros de la célula y el responsable financiero del Ejército. Una de esas compañías figura en la lista de sanciones de Estados Unidos.
Las pesquisas en curso han revelado que los intereses económicos del grupo y sus beneficios están estrechamente ligados a la prolongación del conflicto interno en Sudán.
El fiscal general subrayó que este incidente supone una grave amenaza para la seguridad nacional de los Emiratos, al convertir su territorio en una plataforma para el tráfico ilegal de armas hacia un país en conflicto civil, además de constituir delitos penales castigados por la legislación vigente.
Concluyó indicando que la Fiscalía continúa con las diligencias pertinentes en preparación para remitir a los sospechosos a un juicio urgente. Los resultados finales se anunciarán una vez concluida la investigación.