ABU DABI, 24 de julio de 2025 (WAM) — El ministro de Justicia de Emiratos Árabes Unidos y presidente del Consejo Judicial Federal, Abdullah bin Awad Al Nuaimi, ha emitido una resolución para regular el funcionamiento del Tribunal de Quiebras.
Según la disposición, el tribunal tendrá su sede en los Tribunales Federales de Primera Instancia de Abu Dabi y será competente para tramitar todas las solicitudes y disputas derivadas de la aplicación del Decreto-Ley Federal sobre Reestructuración Financiera y Quiebra.
La resolución también prevé la posibilidad de que el Consejo Judicial establezca, cuando lo considere oportuno, una o más sedes judiciales en cualquier emirato, subordinadas al tribunal principal y con la misma competencia.
El Tribunal de Quiebras estará compuesto por un presidente con rango no inferior al de juez de apelación y por varios jueces especializados, designados por el Consejo Judicial Federal.
Asimismo, se crea un Departamento de Quiebras dentro del tribunal, dirigido por un magistrado con categoría de juez de apelación. Este departamento se encargará de recibir solicitudes, objeciones y recursos; registrar los casos; notificar a las partes interesadas conforme a la legislación; y verificar que las solicitudes de acuerdos preventivos, reestructuraciones o declaraciones de quiebra incluyan la documentación e información exigidas por la ley.
La resolución también define las unidades administrativas vinculadas al tribunal y sus respectivas competencias, con el fin de garantizar una gestión eficiente e integrada.
En cuanto al papel de expertos y asesores, el texto autoriza al tribunal a contar con profesionales especializados para colaborar en la gestión de activos del deudor, la adopción de medidas cautelares, la agilización de los procedimientos, la organización de encuentros con acreedores y la convocatoria del deudor o de sus representantes para esclarecer aspectos relacionados con sus deudas, bienes o actividades empresariales.
Esta normativa supone un paso significativo hacia la consolidación de un entorno jurídico que favorezca la estabilidad financiera. También busca acelerar los procedimientos judiciales y lograr un equilibrio entre las garantías de justicia y la continuidad de la actividad económica, con elevados estándares de eficiencia y transparencia.