ABU DABI, 10 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha emitido el Decreto Ley Federal n.º (6) de 2025, relativo al Banco Central y a la regulación de las instituciones y actividades financieras y de seguros.
El nuevo Decreto Ley Federal forma parte de los continuos esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos por modernizar los marcos legislativos y de supervisión del sector financiero, reforzar su estabilidad y competitividad y alinear el ecosistema financiero nacional con los más altos estándares internacionales. Su objetivo es fortalecer la independencia del Banco Central y su papel esencial en el mantenimiento de la estabilidad financiera y monetaria.
La normativa tiene como finalidad mantener la estabilidad de la moneda nacional, promover y proteger la solidez del sistema financiero y garantizar una gestión prudente de las reservas exteriores del Banco Central.
El texto define las principales funciones del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, entre ellas la de establecer e implementar la política monetaria, organizar y supervisar las actividades financieras autorizadas conforme a los estándares internacionales, y emitir las regulaciones y normas necesarias para asegurar prácticas financieras prudentes y eficaces.
Asimismo, el Banco Central tendrá la responsabilidad de gestionar las reservas exteriores para cubrir la base monetaria, apoyar prácticas de financiación sostenible integrando principios de gobernanza, vigilar y analizar los riesgos regulatorios, y desarrollar y supervisar la infraestructura de los mercados financieros.
En materia de protección del consumidor e inclusión financiera, el Decreto Ley Federal dispone que las instituciones financieras autorizadas deben garantizar el acceso de todos los miembros de la comunidad a servicios bancarios y financieros adecuados, en consonancia con los esfuerzos de transformación digital e innovación en los servicios financieros.
El texto también establece marcos para el lanzamiento de campañas nacionales de concienciación, en colaboración con el sector financiero y entidades comunitarias.
El Decreto Ley reafirma las prácticas positivas previamente adoptadas, como la alineación de los créditos con los ingresos de los clientes, con el fin de protegerlos de prácticas irresponsables.
Además, refuerza el sistema de protección al consumidor y resolución de disputas mediante la unificación del proceso de reclamaciones para clientes de bancos y compañías de seguros bajo la entidad independiente “Sanadak”, responsable de recibir y resolver las quejas. También prevé la creación de comités judiciales especializados para dirimir disputas derivadas de actividades financieras, cuyas decisiones serán definitivas y ejecutables frente a las instituciones financieras autorizadas por importes de hasta 100.000 dírhams.
El Decreto Ley establece medidas de intervención temprana para hacer frente a signos de deterioro financiero en cualquier institución autorizada, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema y la protección de los clientes. Entre ellas se incluyen la implementación de planes de recuperación, la imposición de requisitos adicionales de capital y liquidez, la modificación de la estrategia empresarial o estructura operativa, el nombramiento de comités interinos o la asunción directa de la gestión de la entidad, así como fusiones, adquisiciones o liquidaciones si fuera necesario. También contempla medidas especiales para las compañías de seguros que no adopten los pasos necesarios para corregir su situación.
Según el Decreto Ley, el Banco Central, como “Autoridad de Resolución”, desempeñará un papel clave en la gestión de crisis financieras. Tendrá potestad para destituir y nombrar equipos directivos, recuperar fondos de los responsables, designar interventores para gestionar la entidad y sus activos, resolver contratos, transferir o vender activos y pasivos, reorganizar el capital, crear entidades temporales para gestionar activos o mantener servicios esenciales, y ejecutar procesos de liquidación o rescate organizados para garantizar la continuidad de las funciones críticas.
En cuanto a las sanciones administrativas, el Decreto Ley eleva el límite máximo de las multas para que sea proporcional a la gravedad de las infracciones y al volumen de operaciones. Autoriza al Banco Central a imponer una multa proporcional que no exceda diez veces el valor de la infracción o del beneficio ilícito obtenido, la cual será debitada automáticamente de las cuentas del infractor mantenidas en el Banco Central o en cualquier institución financiera autorizada.
El Banco Central podrá alcanzar acuerdos de conciliación con el infractor antes de una resolución judicial definitiva y publicar las decisiones relacionadas con dichas sanciones en su sitio web oficial, con el fin de fomentar la transparencia y la disciplina del mercado.