ABU DABI, 23 de octubre de 2025 (WAM).— Emiratos Árabes Unidos (EAU), Jordania Indonesia, Pakistán, Turquía, Yibuti, Arabia Saudí, Omán, Palestina, Qatar, Kuwait, Libia, Malasia, Egipto, Nigeria, la Liga de Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica condenan en los términos más enérgicos la aprobación por la Knéset israelí de dos proyectos de ley que buscan imponer la llamada “soberanía israelí” sobre la Cisjordania ocupada y los asentamientos coloniales ilegales.
Estas medidas suponen una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular la 2334, que rechaza todas las iniciativas israelíes destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este.
Estas acciones contravienen asimismo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que confirmó la ilegalidad de la ocupación israelí del territorio palestino y la invalidez de la construcción de asentamientos y de las medidas de anexión en la Cisjordania ocupada.
Los Estados firmantes reafirman que Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado.
También acogen favorablemente la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 22 de octubre de 2025 sobre las obligaciones de Israel en y respecto del Territorio Palestino Ocupado (TPO), en la que la Corte reiteró las obligaciones de Israel, conforme al derecho internacional humanitario, de garantizar que la población del TPO, incluida la Franja de Gaza, tenga acceso a los suministros esenciales para la vida diaria y de permitir y facilitar por todos los medios a su alcance los programas de asistencia en favor de la población, incluso a través de las Naciones Unidas y sus agencias, en particular la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
La Corte ratificó la prohibición del uso del hambre como método de guerra y recordó la persistente obstrucción israelí a la ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza. Subrayó asimismo la prohibición del traslado forzoso y la deportación en masa, haciendo hincapié en que ello incluye la imposición de condiciones de vida intolerables.
La Corte insistió además en el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a un Estado independiente, recordando que la pretensión territorial de Israel sobre Jerusalén Este ha sido declarada “nula y sin efecto” por el Consejo de Seguridad, lo que abarca la denominada “Ley para cesar las operaciones de la UNRWA en el territorio del Estado de Israel”, que pretende aplicarse en Jerusalén Este.
Los Estados participantes advierten contra la continuidad de las políticas y prácticas unilaterales e ilegales de Israel y llaman a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades jurídicas y morales, instando a que se obligue a Israel a poner fin a su peligrosa escalada y a sus medidas ilícitas en el territorio palestino ocupado.
Recalcan, por último, la necesidad de garantizar los derechos legítimos del pueblo palestino para establecer un Estado independiente y soberano en las líneas del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital, como única vía para lograr una paz justa y global que garantice la seguridad y la estabilidad en la región.