GINEBRA, 25 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos denunció que los “atroces ataques terroristas” de Irán, que se prolongan desde hace 26 días, han incluido el lanzamiento de más de 2.000 misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra infraestructuras civiles críticas, como aeropuertos, zonas residenciales e instalaciones civiles en todo el país, lo que calificó como una “flagrante violación de la soberanía del Estado y del derecho internacional humanitario”.
Durante su intervención este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos, el representante permanente de Emiratos ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Jamal Al Musharakh, afirmó que “lo que estamos presenciando hoy no es solo una escalada militar, sino un comportamiento sistemático e imprudente que socava los fundamentos del orden internacional y amenaza la seguridad y la estabilidad regional e internacional, especialmente al atacar infraestructuras directamente vinculadas a la seguridad de los civiles, la seguridad energética, la economía global y las cadenas de suministro”.
Añadió que los ataques iraníes no se han dirigido contra países en guerra con Irán, sino contra sus vecinos, “países que han llamado repetidamente a evitar esta escalada y han realizado intensos esfuerzos en los últimos meses para lograrlo, convencidos de que las soluciones militares generan crisis y graves consecuencias para la región”.
Al Musharakh señaló que Irán se encuentra ahora aislado de sus vecinos y de la comunidad internacional, en abierta violación de la Carta de Naciones Unidas y en un intento de desestabilizar el orden internacional. “Además, Irán intenta justificar estos ataques injustificados e irresponsables calificándolos de ‘represalias’”, afirmó.
En este sentido, Emiratos rechazó categóricamente cualquier justificación o pretexto presentado por Irán, recordando que el país ha dejado claro que no permitirá que su territorio sea utilizado para operaciones militares contra Irán.
El diplomático subrayó la contradicción entre el discurso iraní sobre buena vecindad y sus acciones sobre el terreno, que incluyen ataques contra civiles e infraestructuras como aeropuertos, puertos, instalaciones petroleras, lugares turísticos, infraestructuras críticas, centrales eléctricas y edificios residenciales. Según indicó, estos ataques han causado la muerte de tres miembros de las Fuerzas Armadas y de seis civiles, además de 166 heridos de 29 nacionalidades.
Asimismo, advirtió de que las consecuencias de estos ataques trascienden la región, ya que amenazan la navegación en vías clave como el estrecho de Ormuz, desestabilizan los mercados energéticos y las cadenas de suministro globales, y agravan las presiones económicas y sociales, afectando directamente a los derechos a la seguridad y al desarrollo en todo el mundo.
Al Musharakh destacó la adopción en el Consejo de Seguridad de la resolución 2817, que condena enérgicamente los ataques iraníes contra Emiratos, los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Jordania, y que fue copatrocinada por 136 Estados miembros. También subrayó la resolución adoptada por el Consejo de la Organización Marítima Internacional, con más de 115 copatrocinadores, que condena las amenazas iraníes contra buques y el cierre del estrecho de Ormuz.
En este contexto, instó al Consejo de Derechos Humanos a adoptar una postura firme frente a las violaciones de derechos humanos derivadas de estos ataques.
El representante emiratí defendió además el modelo de su país, basado en la buena vecindad, la cooperación y la apertura internacional, así como en estrategias económicas sólidas que han convertido a Emiratos en una de las economías más dinámicas del mundo.
“Reafirmamos que Emiratos mantiene su pleno derecho a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su seguridad nacional y su integridad territorial, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes”, concluyó.
Al Musharakh subrayó que estos ataques han puesto de manifiesto la fortaleza de las instituciones del país, la resiliencia de su sistema y la cohesión de su sociedad.