ABU DABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Economía y Turismo ha remitido a la Fiscalía Federal a un cártel implicado en prácticas anticompetitivas en el mercado avícola, tras confirmar su participación en la fijación y manipulación de precios, así como en incrementos injustificados aprovechando las actuales circunstancias excepcionales.
Estas prácticas constituyen una clara vulneración de la legislación vigente, en particular de la Ley de Regulación de la Competencia y de la Ley Federal de Protección del Consumidor, y suponen un perjuicio para los derechos de los consumidores y la estabilidad del mercado.
La medida se enmarca en las campañas de inspección que el ministerio lleva a cabo en coordinación con las autoridades competentes, intensificadas en las últimas semanas ante la coyuntura actual. Estas actuaciones han contribuido a reforzar la supervisión del mercado y a garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de los comercios.
El ministerio destacó que la Ley de Regulación de la Competencia desempeña un papel clave en la lucha contra prácticas monopolísticas y acuerdos ilegales que perjudican a los consumidores, al tiempo que promueve la competencia, impulsa el crecimiento económico y mejora la productividad. La normativa otorga además a la cartera la facultad de recabar información, investigar posibles infracciones —ya sea a partir de denuncias o de oficio— y actuar en coordinación con otras autoridades.
De acuerdo con el artículo 5 de la ley, quedan estrictamente prohibidos los acuerdos entre empresas cuyo objetivo o efecto sea distorsionar, restringir o impedir la competencia, incluida la fijación directa o indirecta de precios, su manipulación artificial o cualquier coordinación que altere el funcionamiento del mercado.
La prohibición se extiende asimismo a la imposición de condiciones de compra o venta, la colusión en licitaciones, así como a acuerdos para limitar o congelar la producción, distribución, desarrollo o comercialización.
También se consideran infracciones graves los boicots coordinados contra determinadas empresas, la obstrucción de su actividad o la restricción del libre flujo de bienes y servicios, incluidas prácticas como el acaparamiento, el almacenamiento injustificado o la retención de productos para generar condiciones artificiales de oferta y precios.
El ministerio advirtió de que los riesgos asociados a estas prácticas van más allá del ámbito legal, especialmente en un contexto regional excepcional, ya que pueden afectar directamente a la seguridad alimentaria y económica del país.