ABU DABI, 28 de abril de 2026 (WAM) — El Comité Nacional contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación adoptó, en su segunda reunión de 2026, un conjunto de decisiones e iniciativas de carácter estratégico destinadas a reforzar la preparación nacional, mejorar las herramientas de investigación y aplicación de la ley, y fortalecer la coordinación institucional entre las entidades implicadas, en apoyo de la sostenibilidad del sistema y su capacidad para adaptarse a los cambios regionales e internacionales.
Según un comunicado difundido este martes, la reunión estuvo presidida por Khaled Mohamed Balama, gobernador del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos y presidente del comité, y contó con la participación de Shamma bint Sohail Al Mazrui, ministra de Empoderamiento Comunitario; Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo; Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministro de Justicia; Saeed Al Hajeri, ministro de Estado; el doctor Ibrahim Mohammed Al Zaabi, subdirector de Seguridad del Estado; y Hamed Saif Al Zaabi, vicepresidente y secretario general del comité, junto con otros miembros y responsables de subcomités.
El comité examinó los avances de los equipos técnicos y el progreso logrado en diversas iniciativas regulatorias y operativas, en el marco de los esfuerzos por mejorar la eficiencia del sistema nacional y reforzar su capacidad para medir y optimizar de forma continua su desempeño.
En este contexto, se aprobó la reestructuración de los subcomités y la actualización de sus mandatos para adaptarlos a las prioridades actuales y mejorar la coordinación entre las entidades competentes. Las decisiones incluyeron también el desarrollo de metodologías de trabajo y mecanismos de seguimiento para facilitar una toma de decisiones más eficaz a nivel nacional.
Como parte de los esfuerzos para perfeccionar las herramientas de aplicación de la ley y mejorar la eficiencia de los procedimientos, el comité adoptó la “Guía nacional sobre inteligencia financiera e investigaciones de blanqueo de capitales”, que incorpora procedimientos actualizados para la organización de investigaciones, el rastreo y la confiscación de activos, y el refuerzo de la coordinación entre las autoridades competentes. La guía incluye además los activos virtuales en su ámbito de aplicación y regula los mecanismos de recuperación de activos, lo que amplía el alcance y la eficacia de las investigaciones financieras.
En línea con un enfoque basado en el riesgo, el comité aprobó evaluaciones que abarcan instituciones financieras, proveedores de servicios de activos virtuales y sectores no financieros designados, con el objetivo de actualizar la clasificación de riesgos sectoriales y facilitar acciones de supervisión y control más precisas y eficaces.
Asimismo, aprobó la segunda versión pública de la “Evaluación nacional de riesgos de financiación de la proliferación”, como parte de los esfuerzos por reforzar la formulación de políticas y la preparación en este ámbito estratégico.
En el mismo marco, el comité dio su visto bueno a la “Evaluación nacional de riesgos de las organizaciones sin ánimo de lucro”, orientada a fortalecer la transparencia y aplicar una metodología basada en el riesgo en este sector.
Por su parte, el subcomité de autoridades supervisoras y el subcomité de entidades de investigación contra el blanqueo de capitales presentaron una actualización detallada sobre actividades no autorizadas, incluidos los principales resultados del grupo de trabajo nacional creado bajo el paraguas del comité.
Balama afirmó que las decisiones adoptadas reflejan la transición del sistema nacional hacia una fase más avanzada de integración y ejecución, mediante marcos institucionales actualizados, guías y evaluaciones reforzadas, y una mayor preparación de las entidades competentes para hacer frente a riesgos en evolución.
Añadió que estas medidas constituyen un pilar clave para garantizar la sostenibilidad del marco de Emiratos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, reforzar la gobernanza efectiva y el enfoque basado en el riesgo, y mejorar la eficiencia de los esfuerzos nacionales coordinados, al tiempo que se preserva la integridad del sistema financiero y la confianza de la comunidad internacional.