ABU DABI, 6 de agosto de 2026 (WAM) — El Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi ha aplazado hasta el 12 de agosto el proceso por el caso del material militar destinado a Sudán, en el que están siendo juzgados 13 acusados y seis empresas por tráfico ilícito de material militar, blanqueo de capitales, mediación e intermediación y falsificación de documentos oficiales. El aplazamiento permitirá a las defensas completar sus alegaciones.
Durante la vista, la Fiscalía expuso sus argumentos y examinó pruebas físicas y digitales, entre ellas grabaciones de audio y vídeo, comunicaciones, documentos e informes técnicos y financieros, así como las confesiones de varios acusados. Según el ministerio público, estos elementos constituyen un conjunto probatorio sólido que acredita los delitos atribuidos a los procesados.
La Fiscalía también presentó un vídeo en el que se detallaban la planificación y la ejecución de lo que calificó de trama criminal. Las imágenes mostraban cómo, presuntamente, se utilizaron el territorio, las instituciones y las instalaciones de Emiratos Árabes Unidos para cerrar operaciones ilícitas de compraventa de material militar, canalizar fondos y ocultar el producto de esas actividades mediante empresas, cuentas bancarias y documentos ficticios. La operación culminó con la detención de los acusados mientras inspeccionaban la carga de una aeronave antes de su partida hacia Sudán.
En sus alegaciones, la Fiscalía sostuvo que la utilización del territorio, las instituciones y las instalaciones de Emiratos para llevar a cabo este tipo de operaciones no solo constituía una infracción de la ley, sino también una vulneración del derecho soberano del Estado a ejercer su autoridad, proteger su seguridad y cumplir sus obligaciones internacionales.
Añadió que la gravedad de los delitos se veía agravada por el contexto al que presuntamente iba destinado el material militar. Según la Fiscalía, la trama amenazaba con implicar a Emiratos en un conflicto con el que no guardaba relación, exponer al país a acusaciones de financiarlo o alimentarlo y perjudicar sus relaciones e intereses políticos.
El ministerio público afirmó asimismo que las investigaciones habían revelado la existencia de una estructura criminal organizada cuyo objetivo era convertir Emiratos en un centro para cerrar operaciones militares y blanquear sus beneficios. La Fiscalía subrayó que, en este caso, el dinero no era únicamente el producto del delito, sino también el instrumento y el medio para cometerlo.
La Fiscalía explicó además que las investigaciones habían descubierto contactos entre los integrantes de la célula y mandos militares, dirigentes políticos y empresarios sudaneses, así como con personas y entidades incluidas en las listas de sanciones de Estados Unidos e Interpol.
Confirmó que las operaciones de compraventa de material militar se realizaron a petición del comité de armamento de la autoridad de Puerto Sudán, presidido por Abdel Fattah al Burhan y su adjunto, Yasser al Atta. La coordinación se atribuye a Othman al Zubair, responsable financiero de dicha autoridad.
Los abogados defensores expusieron sus alegaciones y presentaron escritos ante el tribunal. Sostuvieron que algunos de los procesados habían sido utilizados por otros acusados para constituir sociedades instrumentales a su nombre, mientras que los instigadores gestionaban las cuentas de esas entidades en bancos que operan en Emiratos para canalizar los fondos empleados en la operación de adquisición.
El abogado del primer acusado solicitó un aplazamiento para completar su exposición oral.
El 29 de abril de 2026, el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif al Shamsi, remitió a 19 acusados —13 personas y seis empresas— ante el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi para ser juzgados por los delitos que se les imputan.